Dos autoridades colombianas le advirtieron hoy al Gobierno nacional que los dineros de la extinción de dominio no pueden ser utilizados para administrar los bienes de las FARC.

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Marta Lucía Olano, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, alertaron en una carta al ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil, de las irregularidades en las que se puede incurrir en el proceso de recepción, administración, saneamiento y sostenimiento de los bienes entregados por las FARC para reparar a las víctimas.

En la misiva se menciona que el Gobierno determinó en el artículo 2.5.1.3 del decreto 1535 del 15 de septiembre de 2017 que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podrá sufragar los gastos relacionados con esos bienes con cargo al presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

Sin embargo, Olano y Martínez expresaron su "preocupación por el hecho de que un decreto ejecutivo pueda modificar lo previsto en la ley".

Con lo anterior hicieron alusión a que "el Frisco tiene como propósito fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural y la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas".

A pesar de ello, prosiguieron, "con la expedición del decreto 1535 de 2017 se desborda la competencia reglamentaria del Ejecutivo, pues se está dando una destinación diferente a la fijada por la ley a los recursos del Frisco que administra la Sociedad de Activos Especiales".

Por lo anterior, concluyeron, "debemos manifestarle que celebramos que se estén definiendo los asuntos relacionados con la efectiva entrega de los bienes que poseen las FARC, pero su administración no puede hacerse con cargo al Fisco a riesgo de emplear dineros públicos en actividades que legalmente no le están autorizadas".

El pasado 15 de agosto, la Misión de la ONU en Colombia entregó al Gobierno 135 folios con el listado de bienes y activos que dicen tener las FARC, un compromiso pactado en el acuerdo de paz que firmaron las partes en noviembre pasado.

Ese listado levantó una fuerte polvareda puesto que el fiscal, Néstor Humberto Martínez, exigió identificar "cabalmente los activos" de ese grupo y advirtiera que relacionaron escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como posesiones.

A su turno, la guerrilla afirmó que el inventario se hizo "con el máximo rigor posible" y desvirtuó las críticas de diversos sectores al advertir una "intención política" de entorpecer la implementación de la paz.

EFE